El incendio de una fábrica de quesos en agosto de 2018 en Salvatierra-Agurain, en la provincia de Álava, ha llevado a los tribunales a Generali Seguros. La empresa Aldanondo Corporación Alimentaria, el mayor fabricante de quesos con la denominación de origen Idiazabal y propietaria de marcas como Lana, El Pastor Vasco y La Quesería Vasca, acusa a la aseguradora del impago de 40 millones de euros a raíz del siniestro, con lo que habría vulnerado la póliza de seguros contratada.
Aunque Generali argumentó que el incendio había sido provocado, el juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria ha considerado probado que no había sido así y condenó a la aseguradora italiana al pago de 29,4 millones de euros. «Ninguna de las conductas que se señalan por la aseguradora como constitutivas de dolo/culpa aparecen como causa del incendio», sentenció la jueza Mónica Basurto.
Tanto Generali como Aldanondo, participada entre otras por la cooperativa agraria navarra Saiona, presentaron sendos recursos en la Audiencia Provincial de Álava, donde mañana tendrá lugar la vista y será a partir de entonces cuando se sepa si, como dice Generali, «la naturaleza del incendio no fue fortuita, sino provocada por la propia demandante, que vertió gasolina y White Spirit sobre una máquina barredora en cargo al objeto de dar apariencia de un cortocircuito accidental» o, como por el contrario defiende la empresa, y ratificó la Ertzaintza y el juzgado de Primera Instancia, el incendio fue accidental.
Aldanondo, que tenía 50 trabajadores, se vio obligada a paralizar la producción y perdió su liderazgo en el mercado. Con tan solo 20 trabajadores actualmente en plantilla, la mayor parte de ellos en un Erte (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) desde hace tres años, la empresa, que fue una de las primeras en la DO Idiazabal, trata de recuperar «los daños y perjuicios causados por el incumplimiento contractual».
La aseguradora se defiende
Generali asegura, no obstante, que la sentencia de Primera Instancia, «considera acreditado que ninguna de las medidas de protección y seguridad contra incendios recogidas en la póliza suscrita por Aldanondo se encontraban operativas en el momento del siniestro». Recuerda, asimismo que se «declara razonable la oposición a la demanda civil formulada por Generali, habida cuenta de las circunstancias concurrentes, subsistiendo las dudas sobre el verdadero origen del incendio, con resultados analíticos diversos».
Héctor Fernández, director general de Aldanondo, explica, por su parte, que «la sentencia reconoció los 29 de la reconstrucción y las existencias«, pero insiste también en que «Aldanondo facturaba 12 millones de euros y tras tres años se ha perdido mercado y tiempo».
Fuente: El Economista